El escenario inmobiliario en Chile ha recibido un fuerte impulso tras el reciente anuncio del Presidente José Antonio Kast. En una cadena nacional de alta relevancia para el mercado de capitales, el Ejecutivo presentó una "megareforma" que contempla más de 40 medidas diseñadas para romper el estancamiento económico y restaurar un crecimiento anual cercano al 4%. Para el inversionista inmobiliario, este paquete legislativo no es solo una declaración de intenciones, sino un cambio estructural en las reglas de rentabilidad y certeza jurídica.
El corazón de la propuesta radica en una reducción gradual del impuesto corporativo, que pasaría del 27% actual a un 23%. Esta medida busca alinear a Chile con estándares de competitividad tributaria más agresivos, incentivando la reinversión de utilidades en proyectos de gran envergadura. En un sector intensivo en capital como el inmobiliario, una reducción de 4 puntos porcentuales en la carga impositiva directa tiene un impacto inmediato en el flujo de caja neto de las sociedades de inversión y desarrolladores, mejorando los indicadores de retorno sobre el patrimonio (ROE).
Además del alivio tributario, la reforma pone un énfasis crítico en la "permisología" y la certeza regulatoria. El compromiso de simplificar los procesos de tramitación y racionalizar las normativas busca reducir los tiempos de entrega de proyectos, un factor que históricamente ha erosionado los márgenes de rentabilidad debido al costo financiero del tiempo. Para los inversionistas institucionales y family offices, el mensaje de "restaurar la certeza jurídica" es la señal que el mercado esperaba para reactivar el pipeline de desarrollos en renta residencial y comercial que se mantenía en compás de espera.
Sin embargo, el éxito de esta ambiciosa agenda dependerá de la capacidad de negociación en un Congreso dividido. Aunque el mercado ha reaccionado con optimismo inicial, el inversionista pragmático deberá monitorear la implementación gradual de estas medidas. La combinación de una menor carga tributaria y una regulación más ágil podría convertir a 2026 en el año del reequilibrio estratégico, donde los activos inmobiliarios recuperen su atractivo como refugio de valor y generadores de rentabilidad real en un entorno pro-negocios renovado.